Cambio de Presidente en el Perú y su impacto en las contrataciones públicas
En un nuevo episodio de inestabilidad política en el país, el Congreso de la República aprobó el 17 de febrero de 2026 la vacancia del presidente interino José Jerí, tras cuestionamientos por presuntas reuniones no registradas con empresarios extranjeros y supuesta influencia indebida.
Jerí había asumido el cargo en octubre de 2025 luego de la destitución de Dina Boluarte. Con 75 votos a favor, 24 en contra y 3 abstenciones, el Parlamento decidió su salida, profundizando el clima de transición política a pocos meses de las elecciones generales.
Al día siguiente, el Congreso eligió como nuevo presidente interino a José María Balcázar, quien ejercerá funciones hasta el 28 de julio de 2026, fecha en la que asumirá el mandatario elegido en los comicios del 12 de abril. En la sesión compitió con María del Carmen Alva, Héctor Acuña y Edgar Reymundo.
Las elecciones se desarrollarán en un escenario competitivo y polarizado, con figuras visibles como Rafael López Aliaga y Keiko Fujimori, entre otros candidatos.
Impacto en las contrataciones públicas
Aunque el cambio de presidente genera titulares y movimientos en la alta dirección del Estado, los procesos de contratación pública no se detienen automáticamente. Estos procedimientos están regulados por la Ley de Contrataciones del Estado y supervisados por entidades técnicas como la Organismo Especializado para las Contrataciones Públicas (OECE), lo que garantiza su continuidad formal.
Sin embargo, los efectos políticos sí pueden sentirse en la gestión operativa. Un cambio en la Presidencia suele traer ajustes en equipos ministeriales y direcciones clave, lo que puede traducirse en:
- Revisión de proyectos priorizados.
- Mayor cautela en adjudicaciones de alto valor.
- Retrasos administrativos por reestructuración interna.
- Incremento del control y del escrutinio en los procesos.
En contextos de transición, las entidades tienden a actuar con mayor prudencia para evitar cuestionamientos posteriores, especialmente cuando se trata de contratos estratégicos o de gran presupuesto.
¿Qué deben considerar las empresas que desean vender al Estado?
Para las empresas interesadas en el mercado estatal, este escenario no representa un cierre de oportunidades, sino un entorno que exige mayor preparación técnica y estratégica. Los cronogramas pueden ajustarse, pero las convocatorias continúan publicándose y ejecutándose conforme al marco normativo vigente.
En este contexto, contar con asesorías empresariales especializadas se vuelve un factor diferencial. Una adecuada orientación permite:
- Anticipar posibles cambios en prioridades sectoriales.
- Preparar ofertas con mayor solidez documental.
- Reducir riesgos de observaciones o descalificaciones.
- Adaptarse rápidamente a nuevas directrices administrativas.
La inestabilidad política puede generar incertidumbre, pero el sistema de compras públicas mantiene su estructura legal. Para las empresas que buscan vender al Estado, la clave no es detenerse, sino fortalecer su estrategia y actuar con información actualizada y respaldo técnico.
Por ultimo te recordamos escribirnos al WhatsApp en caso desees una asesoría para tu empresa.